¿Son adecuadas las políticas de desokupación en España?

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación para los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. La vivienda es mencionada por el 28% de los encuestados.

Al complejo problema de la crisis de la vivienda (oferta/demanda, parqué público, precio alquileres, rentas, especulación, etcétera) se ha sumado otro fenómeno que, aunque afecta a un porcentaje pequeño de la población española, sí ha generado un intenso debate social y político, nos referimos a la ocupación ilegal. Mientras que algunos la consideran una respuesta desesperada ante esta crisis y el alto costo de los alquileres, otros la ven como una vulneración del derecho a la propiedad privada.

El Código Penal español diferencia entre allanamiento de morada (cuando se ocupa una vivienda habitual) y usurpación (cuando se ocupa una propiedad vacía sin autorización), estableciendo penas distintas para cada caso. Sin embargo, los desalojos pueden tardar meses o incluso años debido a los procedimientos legales vigentes, lo que ha llevado a muchos propietarios a sentirse desprotegidos.

A esta situación se suma un nuevo fenómeno conocido popularmente con el nombre de “inquiokupas”, que hace referencia al inquilino que deja de pagar el alquiler, de forma intencionada. Un método para ocupar la vivienda ilegalmente a través de un contrato de arrendamiento. Por otro lado, se encuentran todas aquellas personas que dejan de pagar los alquileres por razones de necesidad.

Las respuestas para paliar estos problemas en los últimos años van desde el endurecimiento de las penas y la agilización de los procesos, tal y como contempla la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), hasta las sucesivas prórrogas aprobadas por el Gobierno tras el COVID para proteger a los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo la suspensión de desahucios por impago de alquiler.

Mientras que algunos movimientos sociales y plataformas de vivienda argumentan que el problema de la ocupación está directamente relacionado con la crisis de acceso a la vivienda; otros consideran que son necesarias medidas más contundentes para proteger la propiedad privada y combatir mafias que se lucran con la ocupación.

En conclusión, el problema de la ocupación ilegal en España es un fenómeno complejo que requiere una solución equilibrada. Como ven, ¡el debate está servido!